El PDA es un instrumento político que la izquierda democrática y las fuerzas progresistas del país hemos construido, luego de años de discusiones internas, persecuciones y fracturas. El PDA lo conformamos todas y todos los militantes, simpatizantes y votantes, que hemos logrado llegar a gobernaciones, alcaldías, consejos, senado y cámara de representantes. Siempre existirán dificultades, errores y luchas internas, puesto que somos un espacio plural y democrático que a través de la autocrítica, el rescate de los valores éticos y democráticos construimos un país incluyente. Gracias al Polo existen programas de alimentación para las familias más necesitadas, proyectos de apoyo a las iniciativas artísticas y difusión masiva de la cultura, nuevas y mejores escuelas en las regiones donde gobernamos, representantes impulsan proyectos de ley que buscan mejorar las condiciones de vida de los colombianos y colombianas vulnerados en sus derechos por las leyes emitidas en los últimos años. El Polo representa una alternativa de país que debemos construir entre todas y todos, desde nuestro voto, nuestra crítica y la participación en cualquier ámbito público: juntas de acción comunal, movimientos sociales, empresas, instituciones educativas, sindicatos y comunidades.

Puedes consultar la carrera y propuestas de las y los candidatos del Polo y elegir la persona que consideres sea la mejor opción (http://www.polodemocratico.net).

El domingo 14, de 8 am a 4 pm, las urnas estarán abiertas en la Escuela Normal del Profesorado en Lenguas Vivas (Carlos Pellegrini 1515 Capital Federal).

Comite de Base PDA Argentina

1) Lugar de votación: dada la cantidad de inscritos para votar (alrededor de 2700 connacionales) en esta ocasión y por primera vez las elecciones NO se llevarán a cabo en este Consulado sino en la siguiente dirección: Escuela Normal del Profesorado en Lenguas Vivas. Avenida Carlos Pellegrini 1515 (dos cuadras más allá de la Embajada de Colombia -no del Consulado- en dirección a Avenida del Libertador). Horario: de 8 am a 4 pm.

2) Qué se vota este domingo? Se vota por Senado, Cámara y Parlamento Andino. Para aclarar este tema les invitamos a abrir el archivo anexo, donde se muestran las Tarjetas Electorales (tarjetón) por cada corporación, aclarando que se debe votar POR UNA SOLA OPCION en cada una de ellas, de otro modo el voto será NULO. Las opciones por cada corporación son:

· Senado, dos opciones: o por Circunscripción nacional o por circunscripción por comunidades indígenas.
· Cámara, tres opciones: o por Cámara internacional o por comunidades indígenas o por comunidades negras
· Parlamento Andino: una sola opción.

Para que usted conozca las personas que aspiran a los cargos en las tres corporaciones arriba mencionadas y sepa por quién depositar su voto, les sugerimos consultar la página de www.registraduria.gov.co y a mano izquierda entrar a “vea aquí Tarjetas y Candidatos”.

ATENCION: Se encuentran disponibles en el Consulado los cuadernillos con toda la información de los candidatos tanto para el Senado, la Cámara y el Parlamento Andino.

3) Quienes pueden votar? los colombianos que hayan inscrito en este Consulado su cédula en noviembre pasado, y los colombianos que ya hayan votado en este Consulado y su cédula permanezca inscrita aquí. Para que usted sepa si puede votar aquí, le invitamos a consultar la página www.registraduria.gov.co y a mano derecha entrar a “consulte su lugar de votación”.

4) Qué documento es válido? Solamente la Cédula de Ciudadanía, en cualquiera de sus tres modelos (la antigua, la color café con foto en b/n y la nueva, amarilla con foto a color y hologramas. Nos permitimos advertir que NO se aceptará ninguno de estos documentos: pasaporte, contraseña de cédula, fotocopia así sea autenticada, licencia de conducir, DNI.

Los invitamos a votar este domingo. Su voto es la garantía de la institucionalidad democrática.

(Nota:  en la entrada anterior del blog se encuentra publicada la propuesta de plataforma politica del PDA Argentina.)

8 de dieciembre de 2009

Compañeros comité de base PDA Argentina,

Compañeros, se han pronunciado ustedes con fuerza frente al PDA para poner de manifiesto una plataforma política para llevar a la Cámara de Representantes, desde la instancia del diputado por la circunscripción especial de los colombianos en el exterior.

En consecuencia con la plataforma, hacen el enunciado principal de la importancia  de articular el trabajo desarrollado por los comités de base del PDA en los diferentes países con el que se hace en Colombia. Reconocen así que la construcción política conlleva niveles de coordinación eficaces entre lo local y lo global, entre la movilización y la representación. Valoran de manera concreta las candidaturas que se ha construido desde las bases del Polo, que tienen vínculos reales con la población migrante y que reconocen que la construcción de una política de izquierda es una responsabilidad histórica.

La gratitud llena mi espíritu frente a cada uno de ustedes y espero siempre estar a la altura de tales enunciados. Soy consciente sin embargo que se trata de un proyecto colectivo que no puede centrarse en nombres ni personalidades. Me siento orgulloso de poder estar al frente de este viaje que en ningún caso es posible sin la participación de todos los colectivos de base. Sensible a los distintos procesos que ustedes encarnan, y a las discusiones y reflexiones que la cuestión sobre los procesos globales de migración, trabajo y capital han generado entre ustedes, hoy asumo el compromiso que la visibilidad de esto implica.

Además, frente a la situación en Colombia quiero manifestar que, solo la comprensión de que son las inequidades sociales las que se encuentran en la base de las confrontaciones sociales y políticas que sufrimos, es la única manera de avanzar en su solución. La soberanía como principio social, debe tener manifestaciones concretas tanto en la negativa rotunda a toda presencia militar externa en territorio colombiano, como en la legítima construcción de la política desde la sociedad en su conjunto. Soberanía territorial, económica, alimentaria, son pilares del pensamiento que debemos llevar a las distintas instancias políticas y a los distintos colectivos de base.

Además, traducir el enunciado de nuevas ciudadanías a los espacios concretos de la migración es un papel que nos atañe con urgencia a todos, pero que debe ser impulsado desde las instancias de representación. El problema de la legalización, del derecho al trabajo, de los marcos laborales, académicos, debe ser asumido responsablemente por las instituciones colombianas frente al mundo.

Sensible particularmente al compromiso que ustedes han manifestado frente a la construcción de una política democrática de izquierda, manifiesto mis respetos y mi compromiso.

Fraternalmente,

Ernesto Montenegro

Estar en función de articular el trabajo desarrollado por los comités de base del PDA en los diferentes países en los que hacemos presencia, para ser reconocidos al interior del partido como una fuerza política activa, que aporta en la visibilización y solución del conflicto interno y en la construcción de partido.

Este comité sugiere la siguiente agenda política y está dispuesto a acompañar al candidato que mejor la represente:

1.       Reconocimiento en la Cámara de Representantes de la crisis humanitaria que atraviesa el país producto de la inequidad política, social y económica que se ha constituido en  causal del conflicto social y armado en Colombia.

La prolongación en el tiempo de este fenómeno ha producido el mayor número de desplazamientos internos y externos; movilizando a la población colombiana a los países limítrofes, continentales y transcontinentales, su solución debe permitir el retorno de miles de compatriotas en condiciones dignas a sus hogares, garantizando sus derechos fundamentales, políticos, sociales y económicos, así como la restitución y reparación de aquellos que hubiesen sido vulnerados.

2.       Formulación de las propuestas y proyectos políticos con fuerza de ley que garanticen el retorno y permanencia mencionado en las condiciones mencionadas.

3.       Promover la adscripción del Estado colombiano a todos los convenios internacionales que garanticen los derechos de los migrantes y reglamentar los mecanismos necesarios que permitan la implementación de estos convenios.

4.       Gestionar con los Estados de las Américas y Europa acuerdos bilaterales y multilaterales que protejan y garanticen los derechos civiles de la migración colombiana en igualdad de condiciones a los ciudadanos de los países receptores;  teniendo en cuenta la situación de conflicto interno en el país y las realidades de tipo social, político y económico que conllevan a esta migración.

5.       A nivel latinoamericano, construir una plataforma de relaciones políticas con partidos y organizaciones de la región, que permitan afianzar mecanismos alternos en la búsqueda de una solución política del conflicto.

6.       Construir una plataforma con la sociedad civil internacional (ONG`s, asociaciones civiles, etc.) que realice una veeduría al Estado colombiano y sirva como mecanismo de presión para garantizar que el gobierno atienda la crisis humanitaria, promueva la solución política al conflicto, el intercambio humanitario y la construcción de una paz con justicia social.

7.       Propender por legislación que limite el poder económico, social y político de empresas y organizaciones multinacionales, a fin de garantizar el cumplimiento de la legislación nacional e internacional que protege la soberanía de los pueblos, defendiendo así los recursos naturales, económicos y sociales de la nación Colombiana y los derechos fundamentales de los y las Colombianas de las presentes y siguientes generaciones.

8.       En consideración de las altas tasas migratorias de colombianos y colombianas, es necesario para garantizar el cabal cumplimiento de los derechos políticos y civiles de los ciudadanos y ciudadanas, la ampliación del número de representantes en la Cámara baja.

En consecuencia a estos principios, la comunidad del PDA capítulo Argentina, apoya estos tres candidatos a quienes consideran pueden dar cumplimiento a los mismos, y que listamos en orden alfabético y sin implicar grado de preferencia:

- Fernando Garavito.

- Ernesto Montenegro.

- Miguel Puerto.

Dado en Buenos Aires, Argentina el 3 de diciembre de 2009.

En una misiva enviada por el candidato presidencial del Polo Democrático, Gustavo Petro al presidente de los EE.UU Barack Obama, el senador le expresó que “Cualquier tratado o acuerdo internacional es válido solo si se aprueba conforme a las leyes internas de cada uno de los países firmantes” y agrega que “En el caso del Acuerdo complementario para la Cooperación y Asistencia Técnica en Defensa y Seguridad entre los Gobiernos de la República de Colombia y de los Estados Unidos de América, el cual implica el tránsito de tropas y personal extranjero por territorio colombiano, se necesitó de la autorización del Senado de la República, institución definida por la Constitución Política de la República de Colombia para el estudio y aprobación de dicho Acuerdo.

En esta carta el candidato presidencial Gustavo Petro, le advierte a Obama, “Puesto que el presidente de la República de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, se negó a pedir la autorización del Senado Colombiano sobre el mencionado Acuerdo, éste no tiene ninguna eficacia ni validez jurídica; por tanto, el Acuerdo no vincula a la Nación colombiana y no nos compromete en su cumplimiento. Y manifestó que “En caso de ser elegido como Presidente de los colombianos en el 2010, no aceptaré el mencionado Acuerdo y lo denunciaré por ilegal en los tribunales internacionales. Igualmente, a la luz de los tratados internacionales, el tránsito ilegal de tropas y personal extranjero por territorio extranjero, en este caso Colombia, es considerado una ocupación ilegal.

Entre el 13 y el 16 de octubre se realizó el “Foro de la Pertinencia”, así nombrado porque 2009 es el año de la “Educación para la innovación y la competitividad”. Estuvo atiborrado de conferencias, paneles y “conversatorios” donde predominaron los terminachos que inundan ahora al sector educativo: “competencias para el desarrollo sostenible”; “formación de capital humano para los sectores productivos” y orientados por gurús en la misma onda que la ministra Vélez define como “educación pertinente para las demandas del siglo XXI”.

El punto alto lo puso Uribe, en el remedo de consejo comunal en que ha vuelto sus intervenciones en estos foros, al dictaminar, antes de atender las consabidas peticiones de computadores, pupitres, conectividad y bienestarina, que “el acople con la educación y la pertinencia” está en el desarrollo de los “nuevos sectores donde Colombia pueda ser un país de talla mundial”. Advirtió que “el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en un diálogo muy dinámico con el sector privado” ha definido “esos sectores nuevos” y entre ellos mencionó “servicios internacionales de medicina”, “software”, “call center”, “producción de cosméticos”, biocombustibles y “lo que se llama el business process outsourcing” (sic).

La educación así concebida, con un mero propósito funcional a la organización económica, que se limita a “conectar la economía con la pertinencia”, se circunscribe a la capacitación de “capital humano” relegando (¿o eliminando?) el de formación integral. No es siquiera educación sólo para trabajar, es peor: es educación en colegios e instituciones docentes hacia las labores dictadas por el “sector privado”; es la lógica neoconservadora por la cual una élite traza el camino a los demás “para garantizar la cohesión social y el bienestar comunitario”.

Al tiempo se fraguan nuevas embestidas contra la universidad pública. En la discusión sobre el Presupuesto para 2010, el aporte para los centros de educación superior se convirtió en manzana de discordia. Algunos hechos desmienten a la ministra Vélez, quien ha asegurado que “si contamos desde la aprobación de la Ley 30 en el 92, los aportes del Gobierno Central se han incrementado en 47 por ciento en términos reales”. (El Tiempo, nov. 7 /2009)

En 2000, por cada peso que el Estado entregaba a la Universidad Nacional (UN), ésta colocaba 30 centavos, en 2007 la contribución de la UN subió en esa relación a 82 y para 2010, con todas “las concesiones” presupuestales, la proporción cambiará de sentido, UN pondrá 1,1 por cada peso del Gobierno Central. Y, entre 2000 y 2007, las transferencias del Presupuesto Nacional crecieron, en pesos reales, el 17%, mientras los recursos generados por la UN lo hicieron en más del 300%. Es decir, el aumento en cobertura y la “tarea meritoria en términos de calidad e investigación” han corrido más por cuenta de los recursos de las universidades. Se sigue la senda del Plan Nacional de Desarrollo de 1999, que “despoja progresivamente a las universidades de la financiación estatal…para sustituirla por la autofinanciación” (Monge et al., 1999) y se “terminará por cerrar el ciclo que comenzó hace más de treinta años en un periplo proceloso, de privatización, antidemocracia y autofinanciación, con el único propósito de someter la universidad a las políticas económicas” (Arango et al., 2000).

A este proceso se sumó en 2008 en el Plan de Desarrollo, la concurrencia de las universidades en los fondos autónomos de pensiones. Aunque se avisa que será del 5% por año, además del reconocimiento de la deuda creada con ocasión de la ley 100 de 1993 (monto que el gobierno central no va a reconocer), desde ahora puede predecirse que los recursos propios generados no alcanzarán para cubrirla y el déficit se financiará con deuda o más privatización.

En simultánea con la celada presupuestal, se acusa a la universidad pública como nido de “bandidos”, “homicidas” y “secuestradores” en tanto se le amenaza con la bota militar para acobardarla. Los ejes de ese plan neoconservador, más allá del neoliberal en curso, fueron identificados por Buenaventura de Souza: “pérdida de hegemonía de la universidad frente a otras agencias de conocimiento científico más ‘competentes’ al servicio de intereses privados”; “pérdida de legitimidad frente a la sociedad como portadora de soluciones a los problemas sociales” y “pérdida de institucionalidad al tener que enfrentar la contradicción de luchar por su autonomía como centro de saber, frente a las imposiciones internacionales y gubernamentales que pretenden someterla a intereses no académicos”; es un programa de “largo plazo” para trastocarla del todo; y si se deja, claro está. ¿Será éste el debate que propone la ministra Vélez?

Esta negociación se realizará a pesar de que los otros dos miembros de la CAN, Ecuador y Bolivia, se han negado a aceptar el formato de un Tratado de Libre Comercio (TLC) y de que es evidente que la insistencia en este tipo de negociación por parte de la UE y de los gobiernos de Perú y Colombia agudiza la crisis del proceso de integración andino y no garantiza el desarrollo sostenible de nuestros pueblos.

En este contexto, organizaciones de la sociedad civil andina y europea queremos expresar nuestras preocupaciones con relación a este proceso y a sus potenciales impactos:

La crisis económica mundial ha cuestionado el paradigma del “libre comercio” y todo el sistema económico internacional basado en el predominio del capital financiero y los intereses de las multinacionales, lo que ha conducido a una catástrofe energética, alimenticia y climática. Los TLC, en que persisten la UE y los gobiernos de Perú y Colombia bloquean la capacidad de los países andinos de promover políticas nacionales de desarrollo en beneficio de la mayoría de sus habitantes.

De un Acuerdo de Asociación a un TLC. En el proceso de negociación, la Comisión Europea y los gobiernos de Perú y Colombia abandonaron la discusión de los “pilares” de Diálogo Político y Cooperación para negociar un típico TLC al tiempo que la CE siguió ejerciendo presión para lograr un acuerdo que en esencia tuviera como objetivo la inclusión de los denominados temas de Singapur, es decir, el grado más elevado posible de liberalización comercial incluida una amplia liberalización de los servicios y las compras públicas, y el acuerdo sobre disciplinas en temas relativos al comercio como inversión, propiedad intelectual y políticas de competencia. Las propuestas de los gobiernos de Bolivia y Ecuador, y que buscan promover el “comercio justo”, “acuerdos comerciales para el desarrollo” y una real superación de las asimetrías fueron desechadas por la UE sin siquiera responderlas, e ignoradas por los gobiernos de Perú y Colombia porque se apartan del dogma del libre comercio.

La negociación bilateral de este TLC agrava las tensiones ya existentes en el seno de la CAN pudiendo afectar el avance del proceso de integración andino. Esto evidencia la falta de coherencia de la UE con su discurso de apoyo a la integración regional y el desarrollo sostenible de los países andinos. El que los gobiernos de Perú y Colombia hayan promovido y aceptado esta bilateralidad ha agudizado las diferencias entre los gobiernos de la región, agravando las fricciones ya existentes entre los miembros del bloque. Todo ello, en lugar de coadyuvar al proceso de integración andino que podría ayudar a los países a conjurar los efectos de la crisis múltiple y promover un desarrollo sustentable, aumenta las tensiones y riesgos de fractura de la CAN.

Liberalizar el acceso a recursos naturales y sectores estratégicos limita las posibilidades de desarrollo y coarta la soberanía de los Estados. Los recursos naturales, la biodiversidad, los conocimientos ancestrales, los servicios públicos, las fuentes de agua y los recursos minerales y energéticos de la región andina han sido objetivo codiciado por las empresas transnacionales de Europa y Estados Unidos, que se verían aún más beneficiadas por las negociaciones de este TLC. Poner estos sectores estratégicos para el desarrollo de los países al servicio de los afanes de lucro de tales corporaciones, va en contravía de los intereses nacionales de los países andinos y refuerza la predominancia de las políticas neoliberales.

El TLC con la UE puede agudizar la exclusión y los conflictos en la región andina. Los acontecimientos recientes en la región han demostrado la perversidad de estos tratados y la justificación de las luchas sociales contra la comercialización de los recursos naturales y han puesto en el centro del debate cómo los TLC implican el despojo de territorios y la violación de los derechos humanos. Los pueblos indígenas andinos no solo no han sido consultados como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sino que se han criminalizado sus protestas. Tampoco se han tenido en cuenta recomendaciones sobre los efectos de los acuerdos comerciales en las mujeres tanto del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) como del Parlamento Europeo. Los análisis sobre los resultados en los países donde éstos se han implementado revelan que fomentan la dependencia de la exportación de productos básicos -con sus consecuencias en la seguridad y soberanía alimentaria-, el aumento en los precios de los medicamentos -afectando la salud de la población-, y la sobreexplotación de la mano de obra, especialmente la femenina. Con el TLC y una mayor expansión de la industria de hidrocarburos y minas podrían exacerbarse los conflictos internos que ya se dan en algunas zonas entre los gobiernos partidarios de impulsar la inversión extranjera en industrias extractivas y la población local.

¿Dónde quedó la defensa de los derechos humanos?: A pesar de que existen serios cuestionamientos a la vigencia y respeto de los derechos humanos en la región, y que la UE supuestamente promueve la “cláusula democrática” en sus negociaciones comerciales, las denuncias de violaciones de los derechos humanos y las libertades públicas en Colombia y Perú no han merecido la más mínima atención durante el proceso, pese a sus efectos adversos para el fortalecimiento de la democracia. Finalmente, temas de gran interés y urgencia como el reconocimiento de los derechos de los trabajadores migrantes y sus familias en la UE, han quedado fuera de las negociaciones, pese a ser de interés para todos los países andinos.

No existen mecanismos de participación efectiva de la sociedad civil: Desde el inicio de las negociaciones, movimientos y organizaciones sociales andinos y europeos han propuesto la exclusión de temas que afectan directamente la vigencia de derechos de las poblaciones, que no han sido tomados en cuenta. Otros han señalado la necesidad de que la llamada cláusula democrática tenga verdadero poder vinculante. También se han hecho llamados a crear mecanismos eficaces de participación de la sociedad civil y a que no se prosiga la negociación sin evaluar sus verdaderos impactos. Pero toda esta capacidad propositiva ha sido inútil pues la UE y los gobiernos de Perú y Colombia continúan negociando de espaldas a la ciudadanía sin que existan mecanismos vinculantes de las propuestas y de la participación de las organizaciones sociales.

No se recogen recomendaciones ni se toman en cuenta los resultados del Estudio de Impacto: Los mecanismos de diseño, elaboración y socialización del Estudio de Impacto y Sostenibilidad del Acuerdo encomendado por la propia Comisión Europea, fueron altamente precarios y apenas cuando se está terminando la negociación se están recogiendo opiniones sobre sus resultados por lo que no tendrá influencia real sobre sus resultados. Por otra parte, estos mismos resultados advierten que los beneficios económicos de la liberalización del comercio entre ambas regiones no serán equitativos.

Por lo tanto, en el contexto de la crisis económica internacional y el impacto efectivo que ya viene teniendo en el proceso de integración andina la negociación de Perú y Colombia con la UE, las organizaciones abajo firmantes demandamos que:

• En estas condiciones de replanteamiento de las reglas económicas del comercio y las finanzas mundiales, de crisis del proceso de integración andina, de violaciones de los derechos humanos, de exclusión a las propuestas alternativas, de graves amenazas a la capacidad de los Estados de promover el desarrollo, la negociación de este TLC debe suspenderse.

• Debe abordarse un serio y profundo replanteamiento de las relaciones económicas y políticas de la UE con la región andina de tal forma que se busque una relación y acuerdos económicos y comerciales que beneficien a los pueblos y no preserven una situación evidentemente injusta y desigual. Esta nueva relación no puede basarse en el libre comercio sino en la primacía de los tratados y convenios internacionales en materia de Derechos Humanos, de los Pueblos y de la Naturaleza.

• Este replanteo, debe tomar en cuenta una serie de propuestas alternativas que diversas organizaciones y redes de la sociedad civil que tanto en el área andina como en Europa vienen desarrollando encaminadas al fortalecimiento de una integración regional no subordinada a los TLC, es decir, una integración desde los pueblos.

Suscriben:

Organizaciones América Latina: Alianza Social Continental-ASC, Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción al Desarrollo-ALOP, Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe ATALC, Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas-CSA, Consejo de Educación de Adultos de América Latina, CEAAL, Global Network-América Latina, Mesa de Coordinación Latinoamericana de Comercio Justo, Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo-PIDHDD, Red Intercontinental de Promoción de la Economía Social y Solidaria-RIPPES, Latinoamérica y El Caribe, Red Latinoamericana de Deuda, Desarrollo y Derechos-LATINDADD, Red Latinoamericana de Mujeres Transformando la Economía-REMTE. Organizaciones Región Andina: Consejo Consultivo de Pueblos Indígenas de la Comunidad Andina, Consejo Consultivo Laboral Andino-CCLA, Consejo Permanente de Sindicatos Andinos del Agua, Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas-CAOI, Coordinadora de Centrales Sindicales Andinas-CCSA, Instituto Laboral Andino-ILA. Bolivia: Centro de Educación Popular Q’HANA, Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario-CEDLA, Centro de Investigación y Promoción del Campesinado-CIPCA, Comité Integrador de Organizaciones Económicas Campesinas de Bolivia-CIOEC, Fundación TIERRA, PIDHDD-Capítulo Bolivia, Productividad, Biósfera y Medio Ambiente-PROBIOMA, Programa NINA, Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social-UNITAS. Colombia: Afrolider, Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, Asociación de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios del Cauca – AGROPEMCA, Asociación de Usuarios Campesinos de Cundinamarca – ADUC, Asociación MINGA, Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria, Asociación para la Promoción Social Alternativa, Minga, Asociación Salud al Derecho, Asociación Sindical de Profesores Universitarios ASPU, Asomujer y Trabajo, Campaña Comercio con Justicia: Mis Derechos No Se Negocian, Central de Trabajadores de Colombia, Central de Trabajadores de Colombia –CTC, Central Unitaria de Trabajadores – CUT, Centro de Estudios del Carbón y la Gran Minería, Centro de Estudios del Trabajo – CEDETRABAJO, Colectivo de Derechos Humanos Semillas de Libertad –CODHESEL, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Colombia, Comité Colombia de Lucha contra el ALCA y el TLC, Comité de Interlocución Campesina y Comunal –CICC, Confederación de Pensionados de Colombia – CPC, Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, Coordinación Región Andina Federación Sindical Mundial, Corporación Aury Sará, Corporación Cactus, Corporación Ensayos para la divulgación de la Cultura Política, Corporación Jurídica Libertad de Antioquia-Colombia, Corporación Jurídica Yira Castro, Escuela de Formación Sindical Raúl Eduardo Mahecha, Escuela Nacional Sindical, Federación Colombiana de Educadores – FECODE, Federación de Mujeres Campesinas de Nariño, Federación Nacional de Profesores Universitarios, Federación Santandereana de Mineros – FESAMIN, Federación Sindical Mundial –Oficina Regional América-, Fundación Servicio Colombiano de Desarrollo Social, Gran Coalición Democrática, Grupos Estudiantiles Confederados GEC, Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos, Unión Nacional de Usuarios y defensores de Servicios Públicos Domiciliarios, Marcha de Mujeres Campesinas, Marcha Mundial de Mujeres –Colombia-, Mesa de Incidencia Política de Mujeres Rurales Colombianas, Mesa de Mujeres y Economía, Mesa de Unidad Agraria, Observatorio de Empresas Transnacionales y Derechos Humanos, Organización Colombiana de Estudiantes, Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC, Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, Red Colombiana de Acción frente al Libre Comercio-RECALCA, Sindicato del Instituto de Bienestar Familiar – SINTRABIENESTAR, Sindicato Nacional de Corteros -SINALCORTEROS, Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Industria del Carbón – SINTRACARBÓN, Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario -SINALTRAINAL, Sintramienergética -Seccional El Paso, Sintrateléfonos, Tejido de Comunicaciones de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca – ACIN, Tribunal Mujeres y des, Unidad Cafetera, Unión Nacional de Empleados Bancarios -UNEB, Unión Sindical Obrera –USO, Ecuador: Acción Ecológica, Asociación de Bananeros Orenses, de la provincia de El Oro Ecuador, Asociación de Pequeños Bananeros de Tenguel, provincia de El Guayas-Ecuador, Asociación de Trabajadores Portuarios de Puerto Bolívar, provincia de El Oro-Ecuador, Asociaciones de Pequeños Agricultores de Pasaje, provincia de El Oro-Ecuador, Campaña Ecuador Decide, Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas-CESA, Centro de Derechos Económicos y Sociales-CDES, Centros Agrícolas de Machala, El Guabo, Pasaje y Santa Rosa, provincia de El Oro-Ecuador, Colectivo de Estudio y Vivencia Intercultural Nexos Culturales, Colectivo de Mujeres Acción Política por la Equidad -APE, Confederación de Trabajadores del Ecuador -CTE, Confederación Nacional del Seguro Campesino –CONFEUNASSC, Coordinadora Política de Mujeres -CPM, Cristianos de Base, Democracia Socialista, Fondo Ecuatoriano Populorum Progessio-FEPP, Migrantes, Refugiados y Desplazados -MIREDES Internacional, Sistema de la Investigación de la Problemática Agraria del Ecuador-SIPAE. Perú: Acción Internacional por la Salud –AIS, Alternativa, Centro de Investigación Social y Educación Popular, ASC-Perú, Asociación ARARIWA, Asociación ATUSPARIA, Asociación Nacional de Centros de Investigación, Promoción Social y Desarrollo -ANC, Asociación Pro Derechos Humanos-APRODEH, Central Unitaria de Trabajadores del Perú-CUT Perú, Centro de Asesoría Laboral del Perú -CEDAL, Centro de la Mujer Peruana FLORA TRISTÁN, Centro Peruano de Estudios Sociales –CEPES, Colegio de Sociólogos del Perú, Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida –CONAGUAVIDA, Confederación Campesina del Perú-CCP, Confederación General de Trabajadores del Perú -CGTP, Confederación Nacional Agraria –CNA, Conferencia Nacional de Desarrollo Social –CONADES, Consumidores por el Desarrollo -CxD, Convención Nacional del Agro Peruano –CONVEAGRO, CooperAcción, Acción Solidaria para el Desarrollo, DESCO, Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo, Federación Nacional de Trabajadores de Agua Potable del Perú – FENTAP, Foro Ecológico del Perú, Forum Solidaridad Perú, Grupo Género y Economía, Grupo Red de Economía Solidaria del Perú -GRESP, Instituto de Desarrollo Urbano -CENCA , Instituto de Estudios Sindicales –IESI, Marcha Mundial de las Mujeres Perú, Movimiento Manuela Ramos, PIDHDD-Capítulo Perú, Programa Democracia y Transformación Global, Programa Laboral de Desarrollo –PLADES, Red JUBILEO PERÚ, Red MUQUI, Red Peruana de Comercio Justo y Consumo Ético, Red Peruana de Migraciones y Desarrollo, Red Peruana por una Globalización con Equidad- Red GE, Sociedad Nacional del Ambiente –SNA: México: Comité Cerezo, Marcha Mundial de las Mujeres -Zona Centro, Mujeres para el Diálogo –MpD, Red Nacional Género y Economía –REDGE, RMALC, Siembra, A.C. Nicaragua: Movimiento Social Nicaragüense Otro Mundo es Posible. Redes y organizaciones europeas: Red UE CAN, Red Europea de ONG de Cooperación al Desarrollo Grupo SUR, Amigos de la Tierra Europa -FoEE, European Left, Oficina Internacional de Derechos Humanos Acción Colombia –OIDHACO, ONGD Africando, Oxfam International, Transnational Institute –TNI, Worldview-The Gambia. Alemania: Centro de Investigación y Documentación Chile-América Latina – FDCL, Informationsbüro Nicaragua e.V.- oficina de información Nicaragua – Wuppertal, Informationsstelle Lateinamerika (ila) e.V., Kolko e.V. – Derechos Humanos por Colombia, Salva la Selva, World Economy, Ecology & Development –WEED. Austria: Center for Encounters and Active Non-Violence, Bad Ischl, Bélgica: Centre National de Coopération au Développement – 11 11 11, Centre tricontinental -CETRI, Comité pour les droits humains “Daniel Gillard”, Corporate Europe Observatory, Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging – 11.11.11, Le Comité pour l’Annulation de la Dette du Tiers Monde –CADTM, Solidar, SOS Faim: España/Estado Español: ACSUR-Las Segovias, Alternativa antimilitarista.moc, AMARANTE Setem, Asociación Canaria de Economía Alternativa, Asociacion De Solidaridad Con Colombia Asoc-Katío, Attac Catalunya, Attac España, Colectivo de Solidaridad por la Justicia y Dignidad de los Pueblos –Coliche, Comisión 0’7% PIB, de Daimiel, Comité Oscar Romero de Madrid, Comité por la defensa de los derechos humanos en Colombia –COMADEHCO, Coordinadora Estatal de Solidaridad con Cuba, Ecologistas en Acción, Fundación IEPALA, Fundación Paz y Solidaridad Serafín Aliaga -CC.OO, ICID – Iniciativas de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo-UGT, Izquierda Anticapitalista, Justicia por Colombia, Movimiento Rural Cristiano, Mundubat, Observatorio de la Deuda en la Globalización Catalunya, Observatorio de Multinacionales en América Latina –OMAL, Red de Semillas -Resembrando e Intercambiando-, Red Solidaria Itaca, SODePAZ, Unión Universal Desarrollo Solidario, Veterinarios Sin Fronteras. Francia: AITEC, Attac France, France Amerique Latine, Partido Comunista de Francia, Secours Catholique-Caritas. Holanda: Cross Cultural Bridges, Fondo de Solidaridad XminY, Organizacion Juvenil y Autonoma para Latino-America –OJALA, Plataforma ABC, X minus Y Solidarity Fund. Irlanda: Latin American Solidarity Centre. Italia: A Sud , Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea, Rete Italiana di Solidarieta Colombia Vive!. Reino Unido: Christian Aid, War on Want, Suecia: Civis, Solidaridad Suecia-América Latina – SAL. Suiza: Arbeitsgruppe Schweiz-Kolumbien ask.

“El pacto viola la soberanía nacional y convierte al país en un peón de la estrategia estadounidense para controlar la región y el mundo”. (Jorge Robledo, Senador del PDA-Moir)

I

El pasado 30 de octubre, en lánguida y clandestina ceremonia que duró tres minutos, el régimen uribista cometió el peor de todos los atentados contra la soberanía nacional. Esa mañana se firmó en la cancillería colombiana el tratado con Estados Unidos en virtud del cual se le ceden al ejército de este país en nuestro territorio dos bases navales, Bahía Málaga en el Pacífico y Cartagena en el Atlántico; tres aéreas, Apiay en el Meta, Larandia en Caquetá y Palanquero en Cundinamarca; y dos terrestres, Malambo en Atlántico y Tolemaida en Cundinamarca.

A espaldas del país y en el más absoluto secreto, el nuevo tratado se venía cocinando desde finales de la administración Bush. Desde entonces, el presidente Rafael Correa anunció que Ecuador no prorrogaría el acuerdo para la base de Manta. Sin embargo, las primeras noticias sólo vinieron a saberse a principios del mes de Julio, cuando la Revista Cambio, en su edición 835 dio cuenta de lo avanzado que iban las negociaciones. A todas luces es un acuerdo de mutua conveniencia: el uribismo feriando la soberanía para comprar el TLC y la segunda reelección y el imperialismo norteamericano apuntalando con fuerza la reconquista del patio trasero.

II

La cesión de las bases colombianas a los Estados Unidos se camufla bajo el inofensivo nombre de “Acuerdo complementario para la Cooperación y Asistencia Técnica en Defensa y Seguridad entre los Gobiernos de la República de Colombia y de los Estados Unidos de América del 3 de noviembre de 2009”. Este documento a lo largo de un preámbulo y 25 artículos define la que con razón ha dado en calificarse como la peor entrega de la soberanía nacional en la historia de republicana de Colombia.

Allí se parte de reconocer la necesidad de “…enfrentar las amenazas comunes a la paz, la estabilidad, la libertad y la democracia”, para concluir que se debe fortalecer “…la interoperabilidad de las Fuerzas Militares de Colombia a través del incremento de su capacidad de cooperar bilateral o multilateralmente con otras fuerzas militares”.

La cadena de iniquidades contra la soberanía nacional es interminable. La presencia de colombianos en las operaciones aéreas se dará sólo si son “invitados” por los Estados Unidos. En las bases estarán no solamente los soldados y contratistas, sino también las “Personas a cargo”, todos figuran allí por autorización del Departamento de Defensa Norteamericano y se les otorgan los privilegios, exenciones e inmunidades del personal diplomático. Ellos tendrán inmunidad por la comisión de delitos en territorio colombiano y en tal caso, serán entregadas a las autoridades de Estados Unidos en el menor tiempo posible y estarán exonerados de obtener permisos laborales y de residencia, pudiendo ingresar o salir del país hasta por 90 días, con trámites migratorios expeditos y eximidos del impuesto de ingreso, salvo que utilicen aeropuertos comerciales, lo que supone vuelos directos desde las bases a Estados Unidos.

Se los exonera de todas las tarifas, aranceles, impuestos y demás tributos que de otra forma se gravarían en Colombia, por la importación, adquisición y utilización de bienes y sobre los fondos que se utilicen, los cuales podrán sacarse del país en cualquier momento.

Todos los edificios, las estructuras inamovibles y los montajes construidos por los Estados Unidos serán para su uso. Lo que se acuerda no es solamente la cesión de las siete bases sino que tendrá que permitirse, sin cobro de alquiler y costos parecidos, el acceso y uso de todo lo demás que necesiten los gringos para su construcción. Al final, Colombia sólo tendrá la propiedad de los bienes anclados en tierra y los Estados Unidos no contraerán ningún gasto por concepto de entrega pero si podrán cobrar compensaciones por mejoras u obras construidas.

Las gabelas no paran aquí. Las aeronaves de Estados Unidos no estarán sujetas al pago de derechos, incluidos los de navegación aérea, sobrevuelo, aterrizaje y parqueo en rampa; los buques de guerra, no estarán sujetos a tasas de señalización marítima y fondeo y, tanto aeronaves como buques no se someterán a abordaje e inspección alguna. Además, se exime del pago de peajes en las vías nacionales y Colombia deberá asumir esos costos por el uso que hagan de vías en concesión.

Los bienes importados o exportados por los Estados Unidos en relación con las bases no serán objeto de inspección alguna y los bienes de uso personal están exentos de derechos de importación y exportación, aranceles, impuestos, matriculación y autorización de vehículos y demás tributos, que de otra forma se causarían en nuestro país.

Los vehículos tácticos estarán exentos de inspecciones técnicas, de licencias y matriculación por las autoridades de Colombia y los ingresos que perciba el personal de los Estados Unidos vinculado con las bases no estarán sometidos a los gravámenes de Colombia.

Se concede a los Estados Unidos la facultad de recolectar, transportar y distribuir documentos y correspondencia, fuera de la red postal colombiana, sin trámite o concesión de licencias y sin costo alguno, libres de inspección y detención y sujetos de inviolabilidad diplomática. Asimismo, podrán establecer estaciones receptoras por satélite para la difusión de radio y televisión, sin trámite o concesión de licencias y sin costo alguno, lo que los coloca en posesión de nuestro espectro electromagnético.

Las eventuales controversias serán resueltas por medio de consulta entre las Partes, incluso, si fuera necesario, a través de la vía diplomática, en todo caso, nunca se remitirán para su solución a ninguna corte o tribunal nacional o internacional u organismo similar, ni a terceros.

El acuerdo tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de su firma, prorrogable por períodos adicionales de diez años y su terminación debe avisarse con un año de anticipación a la expiración del plazo convenido.

Los alcances del nuevo tratado van mucho más allá de lo que públicamente se reconoce. Abarcan prácticamente todo. Allí se habla de que Estados Unidos y Colombia ”… acuerdan profundizar su cooperación en áreas tales como interoperabilidad, procedimientos conjuntos, logística y equipo, entrenamiento e instrucción, intercambio de inteligencia, capacidades de vigilancia y reconocimiento, ejercicios combinados, y otras actividades acordadas mutuamente, y para enfrentar amenazas comunes a la paz, la estabilidad, la libertad y la democracia”, de tal manera que el ejército colombiano queda convertido en un apéndice del de Estados Unidos para todas sus agresiones e intervenciones, pues el acuerdo define su objetivo como la profundización de la cooperación para la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, “Entre otros”, esto último, una especie de cheque en blanco que puede justificar cualquier tropelía imperialista.

III

El tratado Mallarino-Bidlack, llamado de Paz y Amistad para la defensa de la ley y el orden, fue firmado con Estados Unidos en 1846. Allí se concedían exenciones tributarias a los Estados Unidos, se ratificaba la soberanía de la Nueva Granada sobre el Istmo Panameño, se autorizaba el tránsito de norteamericanos por el istmo y el desembarco de fuerzas militares si era solicitado por las autoridades locales y se establecía el compromiso para construir de un Canal Interoceánico. Este tratado, con todas sus cláusulas se reafirmó en 1870, sólo que entonces se autorizó el acuartelamiento en Panamá de 500 soldados norteamericanos. A partir de entonces la injerencia de Estados Unidos en nuestros asuntos internos fue creciente. La presencia de estas tropas fue fundamental para la derrota de la insurrección liberal de 1885 contra el régimen de Núñez, el pacto que puso fin a la guerra de los Mil Días fue firmado en un buque norteamericano anclado en costas panameñas y en noviembre de 1903, el robo de Panamá fue el epílogo fatal de tales concesiones.

Sólo dos décadas después de este desgraciado episodio se vinieron a normalizar las relaciones. En 1928 Estados Unidos estableció en Panamá una base militar, la Howard, asentada en un territorio que se suponía cedido a perpetuidad a los gringos. Sin embargo, la lucha del pueblo panameño forzó el tratado Torrijos-Carter de 1976, mediante el cual se revertiría la zona del Canal a Panamá en 1.999. Entonces trasladaron Howard para Manta en Ecuador, donde se mantuvo por diez años. Hoy, al cabo de los tiempos, volvemos a repetir la mala experiencia vivida y a cerrar el círculo, sólo que ahora no se otorga una base sino siete.

La base Howard fue pieza fundamental para el intervencionismo norteamericano en América Latina a lo largo del siglo XX. Países soberanos como Haití, Nicaragua, Guatemala, Cuba, República Dominicana, Granada y la propia Panamá, padecieron invasiones desde allí y otros sufrieron desestabilizaciones y patrocinios a dictaduras y Golpes de Estado, como Honduras, Chile, Brasil, Bolivia y Guyana.

IV

Todos los gobernantes de la región, en mayor o menor tono, se opusieron a la instalación de estas bases a la vez que pidieron garantías públicas a Colombia y Estados Unidos de que no serían utilizadas para atacar a ningún país suramericano.

Las profundas sospechas sobre las verdaderas intenciones de las bases gringas en Colombia tienen su sustento en el largo historial de agresiones contra los pueblos del mundo por parte de los Estados Unidos. No en vano es el país que, aún en medio de la actual crisis, se gasta 650.000 millones de dólares/año en presupuesto de defensa, cifra superior a la sumatoria de los demás presupuestos militares del resto del mundo y posee alrededor del planeta más de 800 bases, desde las cuales mantiene su omnipresencia de fuerza para apuntalar su dominio económico y geopolítico.

Aún sin firmar el acuerdo, en los documentos oficiales de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se daban desde el mes de mayo explicaciones justificativas para que se aprobara una inversión inicial de 46 millones de dólares en la adecuación y expansión de la base de Palanquero. Palanquero, es de por sí una gran base con una pista de aterrizaje de 3.500 metros, puede albergar 100 aviones en sus hangares, alojar a más de 2.000 soldados y posee un potente sistema de radar. Sin embargo, el primer paso hacia su repotencialización es la ampliación de la pista de tal forma que puedan despegar al tiempo tres aeronaves.

Las proyecciones en infraestructura y la clase de equipos que serán instalados aquí indican que el asunto de combatir el narcotráfico o a una u otra columna guerrillera es absolutamente secundario. Para esos fines no se necesitan los aviones C17 que pueden transportar hasta 70 toneladas en tropas o armas con autonomía de vuelo para toda Suramérica, los Supergalaxy, aviones cargueros que pueden descargar sus armas y ejércitos desde el aire sin necesidad de aterrizaje, los aviones Orión, especializados en el espionaje electrónico y en la guía de misiles y los aviones Awac fortalezas voladoras de telecomunicaciones y espionaje. Las siete bases colombianas están concebidas como estructuras de nuevo tipo en la estrategia militar de Estados Unidos consistente en la organización de las llamadas “Bases expedicionarias”, desde las cuales es fácil y expedito iniciar acciones punitivas. Son las llamadas bases Loto o Nenúfares.

Y no son inventos producto de la paranoia. En el documento de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se afirma que la base militar de Palanquero, en Colombia “Garantiza la oportunidad para conducir operaciones de espectro completo por toda América del Sur”. En Palanquero se piensa establecer una “Localidad de Cooperación en Seguridad (CSL)” cuyo desarrollo “…Nos da una oportunidad única para las operaciones de espectro completo en una sub-región crítica en nuestro hemisferio, donde la seguridad y estabilidad están bajo amenaza constante de las insurgencias terroristas financiadas por el narcotráfico, los gobiernos anti-estadounidenses, la pobreza endémica y los frecuentes desastres naturales…”

Además, se afirma que el desarrollo de la base de Palanquero “…profundizará la relación estratégica entre EEUU y Colombia… Incrementará nuestra capacidad para conducir operaciones de Inteligencia, Espionaje y Reconocimiento (ISR), mejorará el alcance global, apoyará los requisitos de logística, mejorará las relaciones con socios, mejorará la cooperación de teatros de seguridad y aumentará nuestras capacidades de realizar una guerra expedita”, es decir, que las bases cumplirán el objetivo estratégico de asegurar no sólo a Suramérica, el tradicional patio trasero amenazado por vientos de libertad y soberanía, sino también el nuevo teatro de disputa de la superpotencias, el continente africano, a través de la isla de Ascensión, cercana a la ciudad de Recife en Brasil.

Visite nuestras páginas http://www.moir.org.co, http://www.senadorrobledo.org y http://www.deslinde.org.co . Si desea publicar nuestros artículos, incluya nuestras páginas como crédito de los mismos.

Jorge Enrique Robledo, Bogotá, 30 de octubre de 2009.

En el debate sobre “Agro, Ingreso Seguro” (AIS) se demostró que lo que impera en el sector es lo escaso e inseguro del ingreso, salvo para un grupito y, en especial, para los 45 que financiaron con $549 millones la campaña de Álvaro Uribe y que recibieron recursos de AIS por $33.497 millones de pesos. ¡La mejor de las pirámides!

Las cifras y los análisis demostraron el desastre de casi todos en el agro y que AIS se diseñó para que los escasos recursos oficiales se distribuyeran dentro de una concepción plutocrática y de amigotes.

El 65% de los habitantes del campo vive en la pobreza y el 33% en la indigencia. Hubo 2.14 millones desplazados entre 2002 y 2008, período en el que el agro creció menos que el conjunto de la economía (3.29 vs 4.91% promedio anual). El Índice de Gini, que mide la concentración de la propiedad rural, ha empeorado en este gobierno y llegó a 0.875, probablemente el peor del mundo. Están subutilizadas nueve millones de hectáreas con vocación agrícola. El área cultivada cayó de 3.74 a 3.5 millones de hectáreas. El 66% de los que tienen empleo gana menos de un salario mínimo. Las exportaciones agrarias están estancadas, pues pasaron de 4.33 a 4.44 millones de toneladas, mientras que las importaciones, que eran de 6.33 millones de toneladas en 2002, llegaron a 9.8 millones. Y están en pésimas condiciones, entre otros, cafeteros, arroceros, paneleros y lecheros.

Al mismo tiempo, el escaso respaldo oficial al agro se concentra en unos pocos muy poderosos. Según Cega-Uniandes, el 1% se queda con el 71% de los créditos redescontados y con el 64% de la cartera sustituta de Finagro. En 2000, el 1% tomaba el 17.7 de los recursos de ICR y hoy ese mismo porcentaje toma el 45.3%. El 1% se apropia del 45% de los respaldos del Fondo de Garantías y del 58.7% de las garantías pagadas ($630 millones en promedio). De otra parte, el 33% de los ICR (89.900 millones de pesos de 2006) van para palma, el barril de alcohol carburante tiene un costo de 142 dólares y el de gasolina de 58 dólares, alcohol carísimo que, como el diesel de palma, también muy caro, nos obliga el gobierno a consumir.

En cuanto al total de los créditos AIS, 161 usuarios de más de $1.000 millones cada uno absorbieron el 30% de los recursos y 79.474 créditos de menos de $20 millones tomaron el mismo porcentaje. En ICR, 1.108 beneficiarios recibieron la mitad de los recursos, lo mismo que 75.338, y en diez departamentos, 17 beneficiarios concentraron el 45% de los recursos. A Coltabaco-Philips Morris le prestaron $29.587 millones, a cinco ingenios les dieron cinco veces más que al Tolima y dos veces más que a Caldas, y en Cauca un ingenio recibió el 40% de lo correspondiente al departamento. En Bolívar, dos se quedaron con el 73% de los recursos. Y dos empresas de Corficolombiana, que controla el banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo, recibieron 6.024 millones de pesos, un tercio del total de todo el Meta.

En el debate se recordaron las denuncias de prensa sobre las familias fuertemente favorecidas con regalos para riego y drenaje, así: una con $6.895 millones, otra con $2.973 millones y una más con $2.429 millones. Y otros $8.210 millones se los repartieron entre cinco.

Esta descarada concentración de los recursos coincide con el escaso respaldo del Estado al agro, como también lo demuestran las cifras: a pesar de la alharaca sobre las “muchas” platas de AIS, lo cierto es que, según el gobierno, el programa apenas apoya un poco más de cien mil proyectos productivos al año, cuando en Colombia hay casi 2.7 millones de productores agropecuarios. En el caso del crédito, otorga menos de 30 mil al año, es decir, solo 30 por municipio.

Entonces, la política agraria debe ser profundamente modificada, empezando por el programa “Agro, ingreso seguro”, cuyo nombre, demagógico y politiquero para servirle a Andrés F. Arias, debe eliminarse. El Estado debe proteger y apoyar en serio toda la producción –empresarial, campesina e indígena–, pero haciendo énfasis en el respaldo a los pequeños y medianos, que son quienes más lo necesitan y de cuyo progreso depende el avance de toda Colombia.